Ley de Economía Digital

La Ley de Economía Digital provocó una conversación digital dominada por críticas al posible aumento del control gubernamental y fiscal. Los usuarios cuestionaron sus implicaciones para la privacidad, la libertad económica y los pequeños comercios, además de advertir sobre la exclusión de adultos mayores y comunidades con acceso limitado a internet.

Las preocupaciones también abarcaron los riesgos de fraude, fallas tecnológicas y dependencia de los pagos digitales. En contraste, un sector minoritario respaldó la iniciativa por su potencial para modernizar la economía, mejorar la inclusión financiera y combatir actividades ilícitas.

Con más de 1,6 millones de impresiones, el monitoreo reflejó un rechazo predominante hacia la medida, impulsado por la desconfianza institucional y el temor a que la digitalización incremente las desigualdades económicas y sociales.